Derechos Humanos Al servicio del Imperio

Justicia para pocos

La Corte Penal Internacional lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad pero sólo cuando los implicados son del tercer mundo.

Por Agustina Villalba | Desde la Redacción de APAS 

Malditos yanquis asesinos......

La Corte Penal Internacional (CPI), encargada de juzgar desde 2002 los delitos de mayor trascendencia para la comunidad internacional, hace la vista gorda a los crímenes del imperio y enfoca sus actuales investigaciones en cinco países de África. El nuevo objetivo es Libia. La Fiscalía de la Corte pidió en mayo la detención de Muammar Kadafi.
El instrumento constitutivo de la CPI, con sede en La Haya, es el Estatuto de Roma (ER o Estatuto) que dispone en su artículo 5 las competencias del Tribunal para el juzgamiento de crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Si bien este último tipo de delito no es juzgado actualmente debido a su reciente definición en la Conferencia para la Revisión del Estatuto de Roma llevada a cabo en Kampala, se espera que los Estados miembros activen la jurisdicción para enero de 2017.

El ER fue firmado en Roma el 17 de julio de 1998 originalmente por 160 países, con una firme resistencia de Estados Unidos, Israel y China. La principal potencia de occidente no sólo no ha firmado ni ratificado el documento, sino que ha sancionado una ley nacional que pretende la impunidad de los norteamericanos ante la Corte Internacional.
La "Ley de Protección de Funcionarios y Personal estadounidenses” (ASPA por sus siglas en inglés), promulgada en agosto de 2002 por el entonces presidente George Bush, debilita e impide el accionar de la Corte. La normativa está justificada en el planteamiento original de rechazo al Estatuto, que sostiene que un tratado internacional no puede crear obligaciones hacia un Estado no parte, por lo que "los Estados Unidos rechazan cualquier competencia de la Corte para con sus nacionales".
El ASPA hace referencia también a la iniciativa nacional de celebrar acuerdos bilaterales de inmunidad, a través de los cuales se solicita a los Estados signatarios que no entreguen ni a civiles ni militares estadounidenses a la CPI.
Según lo expresado por la organización Amnistía Internacional “estos acuerdos de impunidad no requieren que Estados Unidos ni el otro Estado implicado investiguen ni, en el caso de que hubiera pruebas admisibles suficientes, procesen a los ciudadanos estadounidenses acusados por la Corte Penal Internacional”.
La jugada del Imperio permitida por las limitaciones propias del Estatuto de Roma, han impedido que se investiguen crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetuados por las principales potencias, como la invasión a Irak.
Según el periódico español Ideal “el fiscal de la Corte Penal Internacional recibió más de 200 cartas de personas y organizaciones para que iniciara actuaciones penales contra los responsables de ese crimen, pero en su contestación -fechada el 9 de febrero de 2006- rechazó la competencia de la Corte recordando que Irak no había ratificado el Estatuto”.
El argumento del fiscal está basado en el artículo 12 del ER que sostiene que la Corte sólo tiene jurisdicción sobre los países que han firmado y ratificado el documento -no es el caso de Irak ni de Estados Unidos-. Sin embargo, están contempladas dos posibilidades más: que el Consejo de Seguridad de la ONU –funcional al Imperio- remita la situación a la Fiscalía, o que un Estado no parte del ER realice una declaración ad hoc («para esto»), que lo convierte en Estado parte para una situación concreta.
Respecto a las declaraciones del fiscal, la abogada e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Isabel Montoya Ramos, destaca tres puntos importantes que son omitidos.
Por un lado, la investigadora mexicana destaca en “Iraq y el derecho penal internacional. Un intento fallido” la exclusión de la jurisdicción territorial y personal para la consideración del caso: “lo que no mencionó el fiscal es que la CPI sí tendría jurisdicción sobre nacionales de Estados que si sean parte del Estatuto, como ingleses, italianos, españoles u holandeses, entre otros”.
Además, ante la declaración oficial acerca de la insuficiencia de información que vincule a la invasión estadounidense con la categoría de crimen de lesa de humanidad, Montoya Ramos sostiene que “informes de Human Rights Watch han descubierto que las principales víctimas de las fuerzas insurgentes son civiles. Además, los ataques son planeados y se dan continuamente, lo cual puede llegar a hacer que éstos sean generalizados y sistemáticos”.
Por último, ante el planteamiento de que la baja cantidad de víctimas de guerra no cumplía con el umbral de gravedad requerido para que la Corte investigara, la abogada considera que “esta conclusión es un poco difícil de creer ya que el escándalo de Abu Ghraib (prisión iraquí) -que tomara estado público en 2004- arrojó cifras de hasta trescientos detenidos que habían sido abusados. Igualmente se ha descubierto que desde mayo de 2003, 12.000 iraquíes han sido aprehendidos durante semanas o meses”.
La impunidad de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional se reafirmó este año con la inacción del Tribunal ante los numerosos bombardeos a Libia, perpetuados principalmente por estadounidenses, franceses e ingleses, y que provocaron decenas de civiles muertos.
Los intereses que operan detrás de la CPI no sólo se evidencian ante la vista gorda a los crímenes de las potencias, sino también a partir del reciente pedido de captura por parte de la Fiscalía, dirigida por el argentino Luis Moreno Ocampo, del líder libio Muammar Kadafi, su hijo Saif al Islam y el director de la inteligencia militar del régimen, su cuñado Abdulá al Senusi.
El fiscal sostuvo que tiene pruebas de que el Kadafi “ordenó ‘personalmente’ ataques contra civiles para ‘preservar su autoridad absoluta’” y solicitó, el pasado 16 de mayo, órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad.
La situación de Libia es la última en una larga lista de investigaciones que encabezan países como Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Darfur (Sudán) y Kenia. Además, se han iniciado análisis preliminares en situaciones ocurridas en Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Georgia, Guinea, Palestina, Honduras, Nigeria y la República de Corea. Por ahora, ninguna potencia en la lista.