“El debate de fondo es el de la legalización del aborto”

 
Entrevista a Emilio Ruchansky, editor de la revista THC y periodista del diario Página 12.
La Marcha Mundial de la Marihuana fue convocada en 21 ciudades de nuestro país y reunió cerca de 15000 personas en la ciudad de Bs As que marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para exigir la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, declarada inconstitucional por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también la derogación de la figura de “tenencia simple”. Por esta figura, se castiga con penas de prisión de uno a seis años la posesión de drogas o de plantas.  En este escenario, los últimos casos conocidos de persecución y criminalización de dos jóvenes, Matías Faray y Pablo Aguirre -este último condenado a 4 años de prisión-  reavivan el debate sobre la despenalización.


El martes 10 de mayo publicaste un artículo en el que se daba cuenta de un operativo comandado por la policía Metropolitana, en el que se secuestraron 1500 pastillas y se detuvieron a 3 personas que formarían parte de una red de venta ilegal de misoprostol (Para ver nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-167881-2011-05-10.html) ¿Considerás que existe alguna relación entre este operativo y la campaña electoral?
Sí, hay una voluntad de mostrarle a la gente, a los ciudadanos porteños que van a votar, que la policía porteña trabaja. En ese sentido se podría pensar que es una estrategia en el marco de la campaña electoral. Está bastante instalado que la policía metropolitana, además de no tener la capacidad no tiene la jurisdicción para intervenir.  Con el tema de los desalojos (más allá de que estoy en desacuerdo con los desalojos por la fuerza), todo el tiempo escuchamos que la policía metropolitana no puede operativizarlos, tampoco puede custodiar los edificios públicos ahora que la Federal retiro los adicionales. Hicieron una medida de prensa: agarraron algo que es fácil. Si pones oxaprost en el buscador sale enseguida. Y además: ¿seis meses de investigación para esto?
Cuando escribí el artículo lo que primero pensé fue en la línea que Uds. llevan adelante, que es un gran trabajo. Mientras la discusión no avance, como nos pasa a nosotros con el proyecto de despenalización, hay que seguir con la estrategia de legalícelo Ud. mismo, y de visibilidad. No nos vamos a quedar esperando, viendo como mujeres mueren a causa del aborto clandestino, mientras los diputados no se prestan a discutir la ley. Nosotros no vamos a ser cómplices de eso cuando tenemos una opción como el misoprostol, que es un abortivo eficaz. Cuando investigué sobre el operativo me dije: esto es burdo, porque no sirve para nada. No estoy a favor de que al medicamento lo vendan en el mercado negro, porque cuesta mucho más caro, pero acá lo importante es que no se demonice un medicamento que es efectivo.
¡Y que el director del operativo te diga que la guía (“Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto seguro”) tiene errores! Como si la policía supiese de cómo hacerse un aborto… Estos tipos muchas veces no tienen conciencia de lo que es la política criminal, perseguir cosas en serio.  En el caso de las drogas es similar: si hay alguien que vende, es porque alguien necesita comprar. Entonces el problema es por qué una persona tiene que comprar en el mercado negro. La cuestión de fondo es otra: la mantención de la prohibición de acceso a un aborto seguro y gratuito. El debate de fondo, sin dudas, es el de la legalización del aborto.
¿Qué implicancias tiene la criminalización de Matías Faray y de Pablo Aguirre en un escenario como el actual, en el que los proyectos de despenalización del consumo empiezan a tener una mayor visibilidad?
La primera implicancia importante que tiene es que por primera vez se sale públicamente, con gran sonoridad en los medios, a defenderlos. Casos como el de Matías Faray y el de Pablo Aguirre hay muchos de los que ni siquiera nos enteramos. Un caso paradigmático en este sentido es el de Williams, que tomó notoriedad pública por los registros en los celulares de las torturas en la cárcel de Mendoza. Pero nunca nos enteramos que había recibido 3 años de condena por tenencia simple de plantas. Ni los medios de Mendoza lo levantaron. Porque a nadie le extrañó. Y eso está cambiando: cada vez que esto ocurre los medios comienzan a mostrarlo. Es un signo positivo de que se está avanzando. Y por otro lado está la desproporción en las penas, que es muy grande. Esta situación influye en el debate por la despenalización; nosotros estamos peleando porque, además de la despenalización del consumo y la tenencia simple, le bajen las penas a las “mulitas” para que sea un delito excarcelable. Un montón de mujeres, como de hombres, quedan detenidos esperando un juicio durante meses u años, más el monto de la pena, muy alto, para delitos que son menores.
Además está el cansancio en la sociedad. Es un tema que dejó de ser visto como una cuestión de “dos o tres pibes drogones”. En necesario y es urgente, ahora lo estamos demostrando: hay pibes que los condenan a 4 años de cárcel, como es el caso de Pablo Aguirre. El fallo es absurdo desde la argumentación: se usan fallos anteriores a la ley, que ya en sí misma es injusta, para sustentar su propia argumentación. Es ridículo. Además, las penas pueden llegar a ser más altas que las de homicidio simple, y estamos hablando simplemente de plantas…
Una de las consignas que se sostuvo en la Marcha Mundial de la Marihuana fue la de despenalización como forma de luchar contra el narcotráfico. ¿Qué relación existe entre estas cuestiones?
No es algo automático, pero están relacionadas. Uno puede pedir la despenalización en nombre de muchas cosas, puede pedirla de rodillas o de pie. En algunos estados de EEUU, la estrategia de exigir la despenalización para los usuarios medicinales fue efectiva. Una vez lograda la despenalización para los pacientes uno puede pedir una receta y conseguir marihuana. Pero nosotros exigimos la despenalización por el respeto a la autonomía y a las libertades personales. Y al mismo tiempo, decimos que la despenalización facilita la lucha contra el narcotráfico. Esto es así porque los operativos que se realizan están orientados a perseguir a los usuarios. Muchos dirán que eso también es delito, pero para nosotros no lo es.  Hemos hablado con gente del Ministerio de Seguridad de la Nación: ellos tienen en claro que combatir el narcotráfico no es perseguir a un cultivador, sino a organizaciones, a estructuras criminales. Salvo que pueda probar que una persona vende. Pero incluso en estos casos sería un narcotráfico no a gran escala, sino micro tráfico. Lo que pasa es que las fuerzas no están preparadas para perseguir el narcotráfico, nunca lo estuvieron, y en cierto punto son cómplices. Por eso la despenalización los deja al desnudo: ¿Qué van a hacer las divisiones de antinarcóticos cuando no puedan perseguir a los usuarios? Van a tener que trabajar. Porque ahora lo que hacen es este tipo de operativos en los que muy frecuentemente van a tu casa, te allanan y te roban.  Y después si la causa se cae porque la investigación está mal hecha, no les importa, porque no es algo que les incumba a ellos. Es más, en muchos casos en los que estaban involucrados narcos, hacen el procedimiento mal para que el tipo no vaya preso. Están arreglados. Hacen procedimientos truchos, los famosos procedimientos fraguados, que en algunos casos han llegado a la justicia. Colocan droga, arman casos que a su vez les permiten ir escalando en el escalafón policial. Muchas personas involucradas en estos procedimientos eran internos del Borda, o migrantes. Y revisando casos, muy pocas veces la policía ha sido investigada por esto.